El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó este martes la tercera sesión del Gabinete Pro Seguridad, instancia interministerial que busca implementar medidas para reforzar la Estrategia de Seguridad del Gobierno y sus cinco ejes.
En la reunión participaron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; de Justicia, Luis Cordero, además de los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; de Defensa, Ricardo Montero; de Hacienda, Heidi Berner y de Justicia, Jaime Gajardo.
“La temática hoy fue la seguridad en las cárceles, un tema de la mayor prioridad. Tenemos el desafío de enfrentar criminales con un tipo de redes y conductas avezadas que en el pasado no conocíamos. Hemos visto que en otros países el mayor riesgo de la seguridad se traslada a los centros penitenciarios y en Chile no queremos que eso suceda”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.
En tanto, el titular de Justicia, Luis Cordero, precisó que durante el encuentro se acordó agilizar una serie de iniciativas en el Congreso como la tramitación del proyecto de Ley de Expulsiones, para incluir a los condenados por delitos de la ley sobre tráfico de drogas; penalizar el lanzamiento de elementos prohibidos a las cárceles, los llamados “pelotazos”; impulsar una medida cautelar de arresto domiciliario con control telemático y que todos los funcionarios que trabajan en Gendarmería declaren sus patrimonios.
En cuanto a las medidas de gestión que se implementarán, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que se buscará dotar al país de un plan de infraestructura penitenciaria a corto, mediano y largo plazo “que permita hacernos cargo de la sobrepoblación que tenemos en los establecimientos penitenciarios”.
En materia de seguridad, agregó, se van a intensificar los allanamientos permanentes y operativos perimetrales en coordinación con las policías y la Subsecretaría del Interior. Asimismo, se dio cuenta de la instalación de los inhibidores de telefonía celular. “Durante este gobierno la telefonía va a estar inhibida para el 50% de las personas que se encuentran privadas de libertad”, señaló Gajardo.
El subsecretario recalcó además que para que el sistema penitenciario sea sostenible en el tiempo es necesario invertir y trabajar en la reinserción social. “Para ello vamos a aumentar la cobertura de los programas de intervención especializada”, aseguró.